Ayudas públicas

Las ayudas públicas para la banda ancha se dirigen a impulsar la extensión de la cobertura de las nuevas redes de banda ancha que serán desplegadas fundamentalmente por la iniciativa privada con unos ritmos condicionados por la viabilidad de las inversiones, los modelos de negocio y la respuesta del mercado, tal como se recoge en la Agenda Digital para España.

Las ayudas otorgadas por cualquier autoridad pública pueden adoptar, entre otras, las siguientes formas: asignación monetaria en forma de subvenciones, préstamos en condiciones mejores a las que ofrece el mercado o apoyo en especie.

Con las ayudas para la banda ancha se persigue aumentar el ritmo y el alcance de la extensión de las redes de banda ancha, corrigiendo fallos de mercado o resultados insatisfactorios desde el punto de vista de la cohesión territorial, minimizando la distorsión de la competencia y respetando el principio de la neutralidad tecnológica.

La Comisión Europea (CE) tiene encomendada la vigilancia de la compatibilidad con el mercado de las ayudas púbicas. En relación con su aplicación a la banda ancha, la CE aprobó las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales para el despliegue rápido de redes de banda ancha. Estas directrices delimitan el tipo de ayudas públicas a la banda ancha y el procedimiento de concesión de las mismas, que será objeto de una evaluación favorable por parte de la CE. Las propuestas de ayudas públicas a la banda ancha que no se ajusten a lo dispuesto en dichas directrices no tienen garantizado su evaluación favorable por la CE.